Una de las principales discusiones que ha cobrado fuerza en estos días, corresponde al  rol que han jugado las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP),  desde su creación en dictadura a través del Decreto Ley 3.500 en 1980,  que marca de alguna manera el fin del sistema de reparto antes existente para la mayoría de los chilenos  y  chilenas.

La reforma aludida, creó un sistema basado en la capitalización individual. Este se basa en lo que se  denomina como  justicia conmutativa, que significa en palabras simples “aporto de acuerdo a mi capacidad económica  y recibo lo que yo mismo he logrado ahorrar”. Los años sucesivos se han generado mecanismos paralelos de protección social para los más vulnerables – Ley 20.255/2008 Reforma Previsional, que crea las Pensiones Básicas Solidarias- , no obstante, sin grandes modificaciones en la administración privada de la pensiones y manteniendo sistemas diferenciados y segregados de acuerdo a la capacidad económica.

Cinco son los principios de Seguridad Social con mayor aceptación en la doctrina internacional, siendo estos los siguientes: Universalidad; Uniformidad; Unidad; Integralidad y  Solidaridad. De su  consagración en la Constitución Política en el artículo 19 N° 18, solo podemos extraer con algún esfuerzo los primeros 4 principios, no obstante es este último  –  el de Solidaridad – el que no se vislumbra con claridad en el sistema de pensiones chileno.

Según la mayoría de los autores, la solidaridad es esencial para que exista verdadera Seguridad Social y se corresponde con una exigencia del bien común, consiste en que aquellos que están dentro del mercado laboral ayuden a financiar las pensiones de aquellos que van saliendo de él (jubilados) y obedece a lo que se denomina como justicia distributiva, “aporto  en base a mi capacidad económica  y recibo en base a mi necesidad”. Cabe preguntarse ante la inexistencia  de solidaridad en el actual sistema, si existe en Chile realmente Seguridad Social en materia de pensiones.

La Solidaridad como tal, no es dádiva ni caridad exigible a las personas,  es un principio que en materia de pensiones, establece un vínculo entre las generaciones de ciudadanos (solidaridad intergeneracional), en base al cual  se aporta en cierta medida o porcentaje,  para financiar pensiones futuras, propias  y  ajenas.

En el concierto mundial e incluso latinoamericano, los sistemas de pensiones son en su mayoría  puramente de reparto (solidarios)  o mixtos, es decir un fondo común financiado por todos  a través de  cotizaciones o impuestos, sumado a  un componente obligatorio o voluntario de capitalización individual como es el Chileno. Lo anterior redunda en algunos modelos, en una pensión mínima garantizada y universal complementada con  el ahorro de cada cotizante. El sistema de Pensiones Chileno  contributivo , actualmente es únicamente privado y financiado por el trabajador, lo que es una excepción entre los restantes países del mundo.

Mantener un sistema puramente basado en el esfuerzo individual, solo ayuda a profundizar la desigualdad,  cuestión que tiene a  Chile en un trance histórico en estos días. Rechazar elementos de solidaridad en la administración de los fondos de pensiones, es según lo antes dicho, mantener un sistema de Seguridad Social incompleto.  No es tiempo para la ortodoxia ante la crisis actual, un cambio al sistema de pensiones no involucra necesariamente la desaparición de las AFP, en cambio,  introducir importantes elementos de solidaridad intergeneracional en su financiamiento y administración, sea esta pública o semipública, no solo redundará en la mejora de las pensiones de toda la población, sino que nos vincula como ciudadanos favoreciendo una mayor  cohesión social y  permitiéndonos cumplir a todos de forma ineludible con nuestra responsabilidad con las nuevas generaciones.

Miguel Angel Gonzalez Cordero
Abogado. Master en Trabajo, Empleo y Diálogo
Profesor de Derecho de la Seguridad Social.
Social

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